Según un estudio de la Universidad Carlos III, más del 80% de las webs de las Administraciones Públicas no se preocupan de los elementos de programación necesarios para localizar e indexar correctamente sus contenidos.

En algún momento, todos tenemos la obligación de cumplir un trámite con la Seguridad Social o con Hacienda, o de renovar el DNI. Solemos tener claro a dónde nos tenemos que dirigir (físicamente) en cada caso, pero ¿qué pasa si intentamos cumplimentar los trámites a través de Internet?

Los responsables del desarrollo de las webs de las Administraciones Públicas deben pensar que los internautas también tienen claro a qué sitio deben dirigirse para realizar sus gestiones online. Tal vez por eso, dedican muy poca atención a la optimización en buscadores.

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En la sentencia del citado juzgado se considera que la multa es ajustada a derecho y que si se sancionó al empresario no fue por la utilización del castellano, “como así ha querido dar a entender a lo largo de todo el procedimiento, sino por no haber utilizado cuando menos el idioma catalán”.

Esta no utilización del catalán supone, a juicio del magistrado, una vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores que no se habría producido si el cartel hubiera estado redactado en las dos lenguas o en cualesquiera otras además del catalán.

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